jueves, 5 de septiembre de 2013

¿Se esconde la corrupción política?

Viure Sant Boi Septiembre 2013

Leía a un reputado periodista que la casualidad ha hecho coincidir de forma correlativa varias sentencias del Tribunal Supremo que exculpan a ex-ministros, políticos y altos cargos como José Blanco, Matas o Yolanda Barcina de graves casos de corrupción política. Otros se encuentran en la lista de espera (ERE de Andalucía, Bárcenas o las ITV de Oriol Pujol). Muchos han realizado una crítica consistente sobre los argumentos jurídicos del Tribunal Supremo para exculpar a diferentes políticos que han hecho que el delito de tráfico de influencias haya quedado prácticamente desactivado en España. Vivimos bañados por una una justicia excesivamente garantista, en la que muchos políticos gozan de la figura del aforado que les da el privilegio de ser juzgados por el Tribunal Constitucional, un tribunal donde los jueces que tienen que juzgar a los políticos son nombrados por los políticos y muchas veces por delitos que poco o nada tienen que ver con la labor y el funcionamiento de la política. 

En Sant Boi sabemos de ello después de que la sombra de la Operación Campeón pusiera en evidencia una vez más al gobierno municipal del PSC. El Ayuntamiento insistió sobre la legalidad de la licencia cuando se exculpó a Blanco de la causa, pero se olvidaba de los SMS que interceptó la policía y que dejaban claro el asunto como aquel que decía: “Acaban de darnos la licencia en Sant Boi. Gracias por todo”. Nunca se dieron explicaciones. Algunos políticos piensan que el favor no es delito, y los jueces no ayudan a despejarlo, por lo que a veces se acaba protegiendo la corrupción y no solo por parte de una justicia sino también por unos partidos que la tienen como metástasis en su ADN

Artículo ampliado revista el Llobregat


Leía este verano a un reputado periodista que la casualidad (¿o la casualidad?) ha hecho coincidir de forma correlativa diferentes sentencias del Tribunal Supremo que exculpan a ex-ministros, políticos y altos cargos como José Blanco, Matas o Yolanda Barcina de graves casos de corrupción política.
Otros se encuentran en la lista de espera (ERE de Andalucía, Bárcenas o las ITV de Oriol Pujol). Muchos han sido los que han realizado una crítica consistente sobre los argumentos jurídicos que esgrime el Tribunal Supremo para exculpar a diferentes políticos que han hecho que el delito de tráfico de influencias haya quedado prácticamente desactivado en España, sobretodo después de las exculpaciones de Blanco y Matas. Vivimos bañados por una una justicia excesivamente garantista, en la que muchos políticos gozan de la figura del aforado - una institución de origen medieval – que les da el privilegio de ser juzgados por el Tribunal Constitucional, un Tribunal donde los jueces que tienen que juzgar a los políticos son nombrados, precisamente, por los políticos, y muchas veces por delitos que poco o nada tienen que ver con la labor y el funcionamiento de la política. 
En Sant Boi sabemos de ello después de que la sombra de la Operación Campeón pusiera en evidencia una vez más al gobierno municipal del PSC. El Ayuntamiento insistió en el comunicado sobre la legalidad de la licencia cuando se exculpó a Blanco de la causa, pero se olvidaba de los SMS que interceptó la policía y que dejaban claro el asunto como aquel que decía: “acaban de darnos la licencia en Sant Boi. Gracias por todo”. Todo esto sucedió después de que se le negara la licencia a Azkar y su dueño llamara al entonces ministro José Blanco para que intercediera con el alcalde de Sant Boi. 
No quiero tampoco olvidar el caso que yo mismo llevé ante la fiscalía Anti Corrupción y que se negaron a investigar, aunque reconocieron la ilegalidad manifiesta, hizo que el Ayuntamiento haya estado pagando hasta 150.000 euros que no le correspondían en suministros a la empresa concesionaria de los cines Can Castellet, beneficiando curiosamente al dueño de la conceción, un regidor socialista del Ayuntamiento de Pallejà. Obviamente después de la denuncia de nuestro grupo municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) hizo que PSC y ICV intentaran arreglar los desperfectos, no por voluntad propia obviamente, pero era tarde y la evidencia muy grande. Ahora solo nos han dejado una última vía, la querella criminal. Nunca he escuchado explicaciones convincentes sobre nada. Algunos políticos piensan que el favor no es delito, y los jueces no ayudan a despejarlo, por lo que a veces se acaba protegiendo la corrupción y no solo por parte de una justicia que necesita una reforma urgente, sino también por unos partidos que la tiene como metástasis en su ADN. Un modus vivendi caduco y que es uno de los principales escollos para el progreso y un bienestar adecuado. Ayúdanos a cambiarlo. ||
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